El
Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU ha publicado el Informe ‘La inmigración en cifras: fronteras bajo presión
y propuestas de actuación’,
elaborado por Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social. El estudio
ofrece una radiografía exhaustiva del fenómeno migratorio en España y analiza
sus implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Según sus
conclusiones, la inmigración masiva está transformando de manera profunda la estructura
demográfica del país y exige un replanteamiento integral de las políticas
públicas en esta materia.
El informe revela que, a finales de 2024, residían en
España 9,19 millones de personas nacidas en el extranjero, a las que se suman
más de dos millones de hijos nacidos en territorio nacional de padres
inmigrantes. En conjunto, más de once millones de personas de
primera y segunda generación que ya representan el 23% de la población. Se
trata de un cambio demográfico de gran calado que, en palabras de Macarrón, “es
comparable a transformaciones históricas como la urbanización del siglo XIX.
Sus implicaciones van mucho más allá del corto plazo y requieren un debate
sereno, desapasionado y fundamentado en datos”.
El documento pone de relieve la elevada proporción de
nacimientos de madre extranjera nativa, que alcanzó en 2023 el 31% a nivel
nacional, superando el 50% en comunidades como Cataluña. Asimismo, un 10% de
los bebés nacidos ese año lo hicieron en el seno de familias musulmanas. Estas
dinámicas, advierte el informe, reflejan un cambio estructural en la
composición social española que plantea retos cruciales para el sistema
educativo y la cohesión cultural.
En el plano laboral, los inmigrantes ya ocupan el 23% de los empleos en
España, aunque concentrados en su mayoría en puestos de
baja cualificación y con tasas de temporalidad más elevadas. También representan el 30,5% de los
desempleados, con especial incidencia en comunidades africanas,
donde en algunos periodos se han alcanzado cifras críticas de paro. Su
aportación fiscal es significativamente inferior a la de la población
autóctona: en 2022, los españoles contribuyeron 2,5 veces más por persona en
IRPF y 2,3 veces más en cotizaciones sociales. Para Macarrón, “la idea de que
la inmigración sostendrá el sistema de pensiones es un mito infundado. Ni la
capacidad recaudatoria ni el perfil de inserción laboral permiten sostener esa
narrativa”.
El informe analiza además experiencias internacionales,
como el control fronterizo estricto aplicado en Australia o Hungría, los
acuerdos de externalización firmados por Italia o el modelo de selectividad
laboral de Suiza. En todos los casos se pone de manifiesto que la inmigración
puede y debe ser objeto de una gestión activa, racional y orientada al interés
nacional. En contraste, el caso español se caracteriza por una frontera
“ilusoria”, incapaz de ordenar los flujos de entrada, y por una política de regularizaciones
que, en la práctica, transmite el mensaje de que cruzar ilegalmente no conlleva
consecuencias reales.
Ante este panorama, CEU-CEFAS propone un conjunto de siete medidas orientadas a
reconducir la situación. Entre ellas figuran el fortalecimiento del control
fronterizo mediante barreras físicas y tecnológicas; externalización del
procesamiento de asilo mediante acuerdos con terceros países; cuotas laborales
selectivas para inmigración legal; endurecimiento de la política de expulsión y
regularización; promoción de la integración cultural; reforma de la
comunicación pública y el Estado de Bienestar para contrarrestar el efecto
llamada, y fomento de la natalidad.
“España necesita una política migratoria seria, basada
en datos, no en eslóganes ideológicos”, subraya Macarrón. “El voluntarismo
buenista y el rechazo xenófobo son dos caras de un mismo error. El reto es
diseñar un modelo racional, justo y sostenible, que preserve el bien común y
garantice la cohesión social”, explica.
El
Informe de CEU-CEFAS concluye que la inmigración no puede ser la
respuesta suficiente al invierno demográfico español. Si
no se refuerzan las políticas de natalidad y cohesión interna, España corre el
riesgo de afrontar graves tensiones sociales, culturales y económicas en las
próximas décadas.