El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado al “fortalecimiento del imperio de la ley” como uno de los objetivos fundamentales de la reforma del Poder Judicial que se presentará próximamente. Durante un encuentro con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, el titular de Justicia ha asegurado que la nueva ley fomentará que las resoluciones judiciales “no se aparten de lo previsto por el legislador”. En este punto, también ha recordado que lo que distingue al juez democrático es “la aplicación de la ley democráticamente aprobada, sean cuales sean sus convicciones personales”.
No han sido las únicas reflexiones que ha expresado el Ministro acerca de cuál debe ser la función de cada poder en el marco de un Estado democrático. “No se puede sustituir el gobierno de los políticos por el gobierno de los jueces”, ha señalado al respecto, para después advertir que “sustituir una estructura elegida democráticamente por un gobierno de funcionarios sería un error extraordinario”. En parecida línea argumental, y ya en el turno de preguntas, ha defendido el “sistema mixto” de elección del Consejo General del Poder Judicial, ya que inviste a los nombramientos de “una doble legitimidad”, al intervenir en ellos tanto los jueces como el Parlamento.
Ruiz Gallardón ha dedicado la mayor parte de su intervención a analizar los problemas que sufre la Justicia española y a exponer las líneas maestras de la reforma con la que aspira a corregirlos. El hecho de que la Justicia no haya mostrado los niveles de eficiencia que han caracterizado a otros servicios públicos no es achacable, a su juicio, a la falta de inyección de recursos ni a la mala preparación de sus profesionales, sino que hay que apuntar a razones estructurales. “No han fallado las personas ni han faltado los recursos, sino que lo que falla es el sistema”, ha subrayado.
El titular de Justicia ha explicado que el sistema de partidos judiciales, pensado en el siglo XIX, genera “un aislamiento” que, a su vez, deriva en “retardo” de los asuntos que se ventilan en los órganos unipersonales de primera instancia. La solución que ofrece el Ministro y que se plasmará en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya tramitación confía el Ministro que se inicie en las próximas semanas, es que “ya no sea el criterio territorial” el que determine quién es el juez competente, sino que la asignación responda a “un criterio de especialización”. Esto no supone que vayan a desaparecer estas unidades judiciales de los municipios, -“no vamos a cerrar ningún juzgado”, ha aseverado el Ministro- pero sí que se suprima “el criterio competencial exclusivamente territorial”.
Asimismo, el Ministerio estudiará potenciar y apostar por los órganos colegiados. Y en este sentido se fortalecerá el papel del Tribunal Supremo, cuya jurisprudencia vinculará a los jueces en la interpretación de la ley. Sobre la preminencia del Tribunal Supremo, también ha subrayado Ruiz Gallardón que, al contrario de lo que sucede en el legislativo y el ejecutivo, el poder judicial “no es autonómico” y que, por tanto, el órgano superior, y la última instancia judicial, es el Tribunal Supremo y no los Tribunales Superiores de Justicia.
La ponencia de Ruiz Gallardón ha sido presentada por el vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Manuel Soroa y Suárez de Tangil, Conde de Vallellano. Han acompañado también al Ministro el Rector de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría, y la Decana de la Facultad de Derecho de dicha Universidad, Ana Belén Campuzano.