En el marco de los Cursos
de Verano CEU-María Cristina (San Lorenzo de El Escorial) Pablo Llarena, magistrado
Sala 2ª del Tribunal Supremo, ha participado en la sesión ‘Defensa del sistema
de justicia penal y democracia’, dentro del curso ‘Justicia
y Estado de Derecho’. Este curso parte de una propuesta ambiciosa y muy
extensa, pero con un significado singular: establecer la estrecha relación -y
dependencia- entre la Justicia como valor, el sistema de justicia como operador
y, la democracia.
Durante su
intervención, el magistrado ha destacado que las instituciones europeas
muestran una creciente preocupación por el deterioro de la independencia
judicial en diversos países del entorno comunitario. Según ha explicado, este
fenómeno, conocido como backsliding, alude a un retroceso suave pero
constante en el respeto a la autonomía del poder judicial. En este contexto, ha
lamentado que España se sitúe entre los países
con peor percepción ciudadana sobre la independencia de sus jueces,
pasando del 49% al 55% el porcentaje de ciudadanos que consideran que dicha
independencia es “mala” o “muy mala”.
Llarena
también ha reivindicado la solidez del modelo de acceso a la carrera judicial en
España, subrayando que se trata de un sistema basado en el mérito,
el conocimiento y la independencia: “El sistema
español garantiza que quienes acceden a la carrera judicial poseen un
conocimiento profundo y riguroso del ordenamiento jurídico, ya que su actuación
está sometida únicamente al imperio de la ley. Además, no hay ningún juez en
España que sienta que debe su puesto a nadie: todos tienen la convicción de que
han llegado por mérito propio, fruto de su esfuerzo personal.”
Además, Llarena ha señalado que la propuesta de trasladar la instrucción
penal al Ministerio Fiscal, sin una reforma previa de su estatuto orgánico ni
garantías adicionales, puede comprometer gravemente la independencia del
proceso judicial. “Si se transfiere la instrucción penal al Ministerio
Fiscal sin reformar su estatuto orgánico, y sin prever garantías como la
inamovilidad del fiscal investigador o la posibilidad de discrepar de órdenes
jerárquicas, se introduce un grave riesgo para la independencia. El juez
instructor cuenta con la protección del artículo 117 de la Constitución; el
fiscal, hoy por hoy, no.”
El curso de verano Justicia y Estado de Derecho,
dirigido por Alfonso
Martínez-Echevarría, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
CEU San Pablo, continúa mañana viernes con la ponencia ‘Instrucción judicial o
fiscal y Estado de Derecho’, que impartirá Carmelo Jiménez Segado, magistrado y letrado
del Tribunal Constitucional; y la ponencia ‘Derecho de defensa y ejercicio de
la abogacía en un estado democrático’, impartida por el abogado Antonio Abellán Albertos.