El último informe ‘El problema de
la vivienda en España: análisis y propuestas’, elaborado por CEU -
CEFAS | Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, advierte que, si no se toman medidas estructurales inmediatas, la aguda
crisis habitacional se seguirá agravando, con dolorosas consecuencias sociales
y económicas, de gran calado. Este estudio, en el que se analiza en profundidad
la crisis del mercado de la vivienda en España, identifica cinco grandes causas
que explican la creciente escasez y encarecimiento de la vivienda, afectando
especialmente a los jóvenes, los inmigrantes y familias con menos recursos, y
quienes necesitan cambiar de residencia por motivos laborales o personales.
1. Obstrucción normativa y lentitud en permisos: La excesiva burocracia y la lenta
concesión de licencias y aprobación de trámites por las administraciones
dificultan la construcción de nuevas viviendas, generando retrasos de hasta 15
años en muchos proyectos urbanísticos.
2. Amparo legal y fáctico a la okupación y la inquiokupación: La falta de medidas efectivas contra
la okupación y la morosidad en alquileres e hipotecas desincentiva la inversión
en el sector inmobiliario, y reduce la oferta de vivienda en alquiler. Las
tasas de usurpación de vivienda son muchísimo más elevadas en Cataluña que en
el resto de España y entre los inmigrantes que entre los españoles, como se
documenta en el informe.
3. Fiscalidad muy elevada: La elevada carga fiscal sobre la construcción, venta
y mantenimiento de la vivienda encarece los precios, impactando directamente en
la accesibilidad para los ciudadanos. El gasto público, que en España era del
19% del PIB en 1975, en 2023 fue del 45%, sin que los servicios públicos de las
AAPP hayan mejorado en España, globalmente, de manera correlativa (de hecho, ha
ocurrido lo contrario en cuestiones de primera importancia como la construcción
de vivienda social o la seguridad ciudadana). Eso encarece mucho, vía impuestos,
el coste de construcción y oferta de las viviendas, y merma drásticamente el
poder adquisitivo de los españoles para poder acceder a ellas.
4. Llegada masiva de inmigración innecesaria: La llegada de 3,5 millones de
inmigrantes más en la última década, pese a que España no ha bajado en ese
intervalo de 4 millones de parados reales -sumando parados “oficiales” y gente
que quiere trabajar, pero no busca empleo, según análisis de Alejandro Macarrón
con los microdatos de la EPA del INE-, ha incrementado muy significativamente
la demanda de vivienda, especialmente en alquiler.
5. Desestructuración familiar: La alta tasa de divorcio y la caída de la
nupcialidad generan mucha demanda adicional de viviendas, contribuyendo al
déficit habitacional. Con las pautas familiares actuales hacen falta 3 millones
largos más de viviendas que los necesarios con las pautas de hace 50 años, y
eso que los españoles se emancipan ahora 5 años mayores de media. Solo en el trienio 2021-2023 hubo en
España casi 245.000 divorcios legales, más un número no conocido de rupturas de
parejas de hecho.
Efectos sociales graves
España vive una de sus peores crisis habitacionales, con precios en
constante ascenso, reducción de la oferta de alquiler y un retraso medio en la
emancipación de los jóvenes hasta los 30 años.
Cabe destacar que la construcción de vivienda social, una de las
soluciones aplicadas en el pasado, ha caído drásticamente en las últimas
décadas, con apenas 8.000 unidades construidas anualmente en los últimos diez
años, frente a las más de 150.000 que se construían hace cincuenta años.
En cuanto a la vivienda social o
protegida en alquiler, España sólo cuenta con el 2,5% del total de las que hay en
el mercado del alquiler. Esta cifra contrasta con el promedio europeo, que se
sitúa en torno al 9,3%, y con países como Países Bajos, donde el alquiler
social supone un 34% del total de viviendas en esta modalidad, Austria (24%),
Francia (14%) o el Reino Unido (16,7%). Según datos de la OCDE, España es uno
de los cuatro países con menor proporción de vivienda social en alquiler, junto
con República Checa, Lituania y Estonia”. Así pues, es difícil que la vivienda
social -en propiedad o alquiler- pueda producir un alivio significativo en el
tensionamiento del mercado de la vivienda en 2025 y años subsiguientes.
Soluciones y propuestas
Para revertir esta situación, el estudio
propone medidas urgentes como la reducción
de la carga burocrática, la liberalización del suelo, la tolerancia cero con la okupación, una mayor
seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, la liberalización del mercado del alquiler, el control
de la inmigración hacia la adopción de medidas más alienadas
con las necesidades reales del mercado laboral y del parque de vivienda
disponible, el control
de la inversión extranjera o el fomento de la colaboración público-privada. Y en un plano más de fondo, se plantea el fomento de la estabilidad familiar, algo asimismo
imprescindible para poder recuperar una tasa de natalidad que permita el relevo
generacional.