España tendría que elevar la edad de jubilación hasta los 73
años para recuperar la relación entre trabajadores y jubilados que tenía hace
medio siglo. Es una de las principales conclusiones del informe ‘Las pensiones en España: análisis crítico
y propuestas de mejora’, publicado por CEU CEFAS, que
advierte de que el sistema público de pensiones afronta una presión creciente
por el envejecimiento, la baja natalidad, el aumento del gasto y el déficit
estructural de la Seguridad Social.
El documento, coordinado por Alejandro Macarrón desde el Área de Estudios y
Análisis Social de CEU CEFAS, advierte de que el sistema público de reparto fue
diseñado para una realidad demográfica muy distinta a la actual: más
trabajadores por cada jubilado, menor esperanza de vida y periodos de cobro de
la pensión más reducidos. Hoy, España afronta una realidad diferente: baja natalidad,
envejecimiento acelerado, mayor esperanza de vida, salarios que avanzan menos
que las pensiones, escaso ahorro privado y una Seguridad Social con déficit
estructural desde 2011, y cada vez más abultado.
El informe advierte de que las soluciones más habituales
no bastan por separado. Retrasar la jubilación puede aliviar la
presión sobre el sistema, pero no resuelve por sí solo el problema. La
inmigración tampoco garantiza la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.
Y el ahorro privado, aunque es muy necesario y beneficioso aumentar su peso en
el sistema de previsión para la vejez en España, no puede sustituir la
necesidad de una base suficiente de trabajadores que produzcan, coticen y
cuiden.
Según el documento, retrasar la
edad de jubilación es una medida necesaria, pero insuficiente. Advierte de que,
en un contexto de fecundidad persistentemente baja, cada año adicional de
retraso de la jubilación solo alivia temporalmente el problema, ya que el
alivio que produce en las cuentas de la Seguridad se agota en tres años o un
poco menos si no se rejuvenece la base demográfica del sistema por la vía de una
mayor natalidad.
“El problema de las pensiones en
España no es ideológico, sino aritmético: cada vez hay menos trabajadores por
pensionista y las medidas parciales solo compran tiempo si no se afronta el
fondo demográfico del problema”, señala Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y
Análisis Social de CEU CEFAS.
Pensiones al alza, salarios rezagados
Según apunta el informe, entre
2010 y 2025 el salario medio en España aumentó en torno a un 22%-25%, por
debajo de la inflación acumulada, mientras que la pensión media creció entre un
65% y un 70%. Mientras las pensiones han mantenido una evolución muy favorable,
los salarios de la población activa han avanzado con mucha menor intensidad.
También recuerda que España cuenta
con una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, es decir, una de
las menores diferencias entre el último salario percibido y la primera pensión
de jubilación.
El déficit de la Seguridad Social, en el centro del
desequilibrio fiscal
Según el informe, el déficit de la Seguridad
Social es uno de los grandes factores del desequilibrio presupuestario español.
El informe recuerda que, en 2023, España dedicó un 11,2% del PIB a jubilaciones
(según Eurostat), lo que equivale a más de uno de cada diez euros generados por
la economía española.
El sistema presenta déficit
estructural desde 2011 y, en 2024, el déficit operativo directo de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social ascendió a 33.868
millones de euros. Añadiendo otros componentes del sistema, el informe recoge
estimaciones que elevan el déficit total hasta los 69.783 millones de euros
(según FEDEA), una cifra superior al déficit público agregado de España en ese
año. En consecuencia, el documento señala que, sin el agujero directo de la
Seguridad Social -cubierto con impuestos y deuda pública-, España habría
cerrado 2024 con superávit fiscal.
Ni inmigración ni ahorro privado bastan por sí solos
El
informe elaborado por CEU CEFAS cuestiona que la inmigración pueda compensar
por sí sola el envejecimiento de España y sostener las pensiones, ya
que, en su configuración actual, no resuelve el problema estructural del sistema, por factores
como su baja cualificación media, sus bajas bases de cotización, sus bajas tasas
de ocupación, su alto desempleo y su impacto sobre servicios públicos, vivienda
y mercado laboral.
El estudio defiende reforzar el ahorro privado,
los planes de empresa y los instrumentos de capitalización individual,
por sus beneficios tanto para las personas (mayor seguridad jurídica, poder
disponer del capital ahorrado remanente los herederos en caso de fallecimiento,
entre otros, revalorizaciones de lo invertido) como para la economía (creación
de masas de capital que se invierten en empresas y activos productivos). Para
financiar la transición de un sistema de pensiones casi solo público a otro
mixto público-privado, y compensar la pérdida de cotizaciones para los
jubilados del presente al ahorrarse más para la parte privada de su pensión, en
el informe se subraya la necesidad de recortar gasto público superfluo y de reformas que
permitan mayores crecimientos del PIB.
Pero introduce un matiz relevante:
ni siquiera un sistema basado en ahorro privado queda blindado frente al
desplome de la natalidad. El bienestar de los jubilados no depende solo del
dinero acumulado, sino también de que exista una base suficiente de trabajadores
que produzcan bienes, presten servicios y atiendan las necesidades de cuidados
de una población envejecida.
Hacia un sistema mixto: más ahorro, jubilación más
flexible y apoyo a la natalidad
Entre sus propuestas, el informe plantea avanzar hacia un sistema mixto de pensiones,
en el que la pensión pública garantice mínimos, pero pierda peso relativo
frente al ahorro individual y los planes de empleo promovidos por empresas y
trabajadores.
El informe propone retrasar progresivamente la
edad efectiva de jubilación en línea con la esperanza de vida (la total, y la esperanza
de vida con buena salud), incentivar a quienes prolonguen su vida
laboral y facilitar que los pensionistas puedan seguir trabajando. También
plantea calcular la pensión sobre el conjunto de la vida laboral cotizada,
revisar prestaciones como la viudedad para concentrarlas en los casos de mayor
necesidad y recuperar los incentivos fiscales al ahorro privado para la
jubilación.
Como medida vinculada al reto
demográfico, el informe propone que la pensión pueda aumentar en función del
número de hijos, a igualdad de cotizaciones -para padres y para
madres-, como reconocimiento a la contribución de las familias al sostenimiento
futuro del sistema y el coste de la crianza para ellas. También recomienda suprimir las
pensiones de viudedad cuando el cónyuge superviviente tiene ingresos propios, y
que sean crecientes con el número de hijos, puesto que su
justificación histórica era cubrir la vejez de las viudas que no habían
generado ingresos propios por dedicarse la crianza de hijos.
“La alternativa no es reformar o
no reformar, sino elegir entre hacerlo de forma ordenada ahora o de forma
forzada más adelante”, señala Alejandro Macarrón.
Finalmente, el informe subraya la
alta conveniencia
de hacer pedagogía a la sociedad española, y en concreto a los jubilados y
gente en activo, sobre los problemas de las pensiones y las reformas
necesarias para hacerlas viables a futuro. Y sobre la necesidad de que se
tengan más hijos y haya muchas más familias estables, tanto por el bienestar
afectivo de las personas, como para que las pensiones -y la sociedad en general
- sean viables en el futuro.