El Centro de
Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) y el Instituto Juan de Mariana han presentado en el CEU la
segunda entrega de su proyecto “Desenredar
España”, un informe que
amplía a los gobiernos de Zapatero y Rajoy la auditoría que en febrero ya
abordó la legislación de Pedro Sánchez.
Durante esta presentación, el
coordinador del informe por parte de CEU CEFAS, Emilio
Esteban-Hanza, ha señalado que “la tarea de identificar, derogar y
reformar en profundidad estas disposiciones no es una opción ideológica más,
sino que de ella depende la recuperación del dinamismo social, la
competitividad económica y la devolución a la sociedad civil del protagonismo
que le corresponde en la vida pública”.
Por su parte, el coordinador del
informe por parte del Instituto Juan de Mariana, Diego
Sánchez de la Cruz, ha aseverado que “no estamos hablando de cuatro
leyes polémicas, ni de cinco decretos que han salido mal. Estamos hablando de
una revisión de conjunto de la arquitectura regulatoria de nuestro país”. En
este sentido ha destacado una primera reflexión: “España no necesita solamente
aprobar mejores leyes. Necesita aprender a prescindir de muchas de las que ya
tiene”, ha apuntado.
El resultado de este informe es el
examen de 598 normas con rango de ley
aprobadas entre 2004 y 2025, de las que 453 (el 76 %) deberían ser derogadas,
simplificadas o reformadas. Las otras 145 (el 24 %) no requerirían
modificaciones prioritarias a corto plazo.
El documento señala que el problema de la hiperregulación trasciende los cambios de
gobierno y responde a una acumulación normativa sostenida durante más de dos
décadas. De las 598 leyes, 132 deberían derogarse íntegramente;
otras 31 podrían derogarse tras negociar con la Comisión Europea la sustitución
de compromisos vinculados al Plan de Recuperación; 99 requieren una revisión
para eliminar cargas añadidas a las exigidas por la Unión Europea; y 191
precisan reformas profundas.
Zapatero, Rajoy y
Sánchez: una auditoría de veinte años de intervencionismo
De las 208 normas aprobadas durante
el gobierno de Zapatero (2004-2011), el informe
propone derogar 41, revisar 32 por excesos respecto a la normativa europea y
reformar en profundidad 64. Solo 71 (el 35 %) se consideran
mantenibles a corto plazo. Entre las medidas, figuran derogar la norma que
restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, rehacer por entero la legislación
del IRPF, replantear la normativa educativa de la etapa y revisar el Estatuto
del Trabajo Autónomo.
Durante la etapa de Rajoy
(2011-2018), se analizaron 147 normas: se recomienda derogar 34, revisar 27 por
excesos de transposición europea y reformar en profundidad 51. Solo 35 (el 24
%) se mantendrían sin cambios prioritarios. Las propuestas afectan a la
legislación financiera, la regulación energética, las garantías de los
contribuyentes y la evaluación ambiental.
La primera entrega, presentada en
febrero de 2026, identificó 243 normas del periodo de Sánchez: derogar 57,
negociar la eliminación de otras 31 vinculadas a compromisos europeos, corregir
los excesos regulatorios de 40 y reformar en profundidad 76. Solo 39 quedarían
al margen de una intervención prioritaria. Entre las propuestas figuraban
derogar la Ley de Memoria Democrática y la reforma laboral de 2021, así como
revisar determinadas normas sobre vivienda y alquiler.
Las grandes
reformas económicas: impuestos, electricidad, empleo y burocracia
En materia tributaria, los
investigadores recomiendan derogar el Impuesto sobre el Patrimonio,
restablecido en 2011 como medida supuestamente temporal y mantenido quince años
después. A su juicio, penaliza el ahorro acumulado, puede generar doble imposición
y aporta menos del 1 % de los ingresos públicos. Proponen también una reforma
integral del IRPF, cuya complejidad se refleja en las cerca de 700 páginas del
manual práctico de la Agencia Tributaria para la campaña de la renta de 2026.
Para las leyes de la etapa de
Rajoy, el informe plantea un tipo reducido del 15 % en el Impuesto sobre
Sociedades, exigible solo cuando se distribuyan dividendos, para favorecer la
reinversión, junto con la amortización inmediata de las inversiones empresariales.
Plantea además revisar las reformas de la Ley General Tributaria que, según los
autores, aumentaron la discrecionalidad de Hacienda y debilitaron las garantías
de los contribuyentes.
En el sector energético, propone
eliminar el impuesto del 7 % a la generación eléctrica introducido en 2012, que
encarece la factura de hogares y empresas, revisar los cargos no energéticos
del recibo y reformar el marco regulatorio para favorecer la competencia.
Recomienda asimismo resolver los más de 40 arbitrajes internacionales derivados
de los recortes retroactivos a las renovables de 2013, que siguen afectando a
la seguridad jurídica y a la reputación de España como destino de inversión.
Las recomendaciones alcanzan
también al mercado laboral, la educación y la administración: simplificar las
obligaciones de los autónomos; rediseñar la legislación educativa para reforzar
la autonomía de los centros y la capacidad de elección de las familias; crear
un «cheque empleo» que permita a los desempleados acudir a agencias privadas de
colocación remuneradas por resultados (los servicios públicos de empleo
gestionan menos del 3 % de las colocaciones); y reducir organismos duplicados y
cargas que dificultan la financiación de empresas y emprendedores.
Inteligencia
artificial para preparar una auténtica “motosierra regulatoria”
El proyecto incorpora SPAIN-DESREG,
una herramienta desarrollada por Foro Regulación Inteligente para ambos
centros, que procesa 649.000 disposiciones del Boletín Oficial del Estado,
incluidas las ya derogadas, mediante aprendizaje automático, procesamiento de
texto e inteligencia artificial, y las contrasta con más de 5.000 documentos
del Banco de España, el FMI, el BCE y la Comisión Europea. Evalúa cada norma
según cinco criterios (carga regulatoria, complejidad, potencial de
liberalización, intervencionismo y extensión) y permite analizar artículos
concretos y sus conexiones con otras disposiciones, para evitar que una
derogación aislada genere contradicciones o vacíos jurídicos.
Se complementa con
MOTOSIERRA-DESREG, que identifica captura regulatoria, distorsiones de mercado,
obsolescencia normativa y gold-plating (las cargas adicionales que los
gobiernos añaden al transponer la legislación europea) y genera borradores de
reforma con exposición de motivos, articulado y disposiciones transitorias. Sus
hallazgos son solo un primer paso: deben ser validados por equipos de juristas,
economistas y expertos en políticas públicas.
La experiencia
internacional demuestra el potencial de la desregulación
El informe recoge una investigación de Danilo
Cascaldi-García y Matteo Iacoviello, publicada en 2026 en el ámbito de la
Reserva Federal, sobre los episodios de desregulación en Estados Unidos entre
1960 y 2025, que muestra efectos positivos sobre el PIB, la inversión, la
productividad y el empleo, además de moderación de precios y menor
incertidumbre económica.
Examina también el caso argentino con Javier Milei y
Federico Sturzenegger: hasta enero de 2026, más de 500 normas de desregulación
habían modificado o eliminado más de 2.400 disposiciones y más de 14.000
artículos. En el alquiler, la liberalización fue acompañada de un aumento del
88 % en la oferta de inmuebles y una reducción real del 29 % en los precios
(datos de septiembre de 2025).
Para CEU CEFAS e IJM, estas experiencias demuestran la
importancia de preparar con anticipación una agenda reformista ambiciosa. El
objetivo no es eliminar indiscriminadamente la regulación, sino sustituir un
sistema de proliferación normativa, complejidad administrativa e inseguridad
jurídica por otro de reglas más sencillas, estables y previsibles.
Una agenda
preparada para un futuro gobierno reformista
Esta segunda entrega culmina una primera fase de
diagnóstico y deja un inventario de 453 intervenciones normativas que
permitiría desarrollar una estrategia ordenada de simplificación administrativa
y liberalización económica, combinando derogaciones inmediatas, reformas de
profundidad, eliminación de requisitos adicionales a los europeos y negociación
con las instituciones comunitarias. Los autores consideran que reducir la
burocracia puede ser una de las principales palancas de crecimiento: rebaja costes,
facilita la inversión, estimula la competencia y devuelve capacidad de decisión
a familias y emprendedores, frente a las políticas basadas en nuevos programas
de gasto.
La conclusión de «Desenredar España II» es que España
necesita una auditoría permanente de su legislación y una agenda desregulatoria
preparada para convertirse en medidas concretas de gobierno. Con 598 normas
examinadas y tres de cada cuatro señaladas para su derogación o reforma, CEU
CEFAS e IJM aspiran a que la reducción de trabas burocráticas pase de ser una
declaración política a un programa legislativo estructurado y viable, orientado
a recuperar la libertad económica, la seguridad jurídica y la competitividad.