El nuevo informe de Observatorio Demográfico
de CEU-CEFAS, ‘Españoles en el extranjero, censo electoral exterior y
«Ley de nietos»’, cuestiona el alcance de esta normativa y plantea revisar las
condiciones de acceso a la nacionalidad y del voto desde el extranjero. El
estudio se publica a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de
noviembre, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento del censo exterior en las últimas décadas y
por la controversia jurídica en torno a los nuevos electores vinculados a la
«Ley de nietos».
El estudio, dirigido por
Joaquín Leguina, catedrático emérito de la
Universidad CEU San Pablo, y coordinado por Alejandro
Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, se presenta a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando
el Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del voto de 163.020
ciudadanos nacionalizados al amparo de esta normativa, salvo en los supuestos
en que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales.
Entre sus principales
conclusiones, el estudio estima que la «Ley de nietos» como tal podría haber
incorporado alrededor de 250.000 electores al censo exterior hasta agosto de 2026, una cifra equivalente
aproximadamente al 0,6% del censo electoral total. La estimación parte del
crecimiento registrado por el CERA desde finales de 2022 y su comparación con
la tendencia previa.
El censo electoral exterior
crece exponencialmente mientras los españoles apenas emigran
Más allá del impacto
concreto de la «Ley de nietos», el informe identifica una tendencia de fondo:
el censo electoral exterior ha crecido mucho más rápido que el de los
residentes en España.
En 2002, el Censo
Electoral de Residentes Ausentes contaba con 1.025.346 inscritos. En agosto de
2026 alcanzaba los 2.747.688, un crecimiento del 168%, frente al 7,9% registrado en el censo
electoral de quienes viven en España durante el mismo periodo.
El informe contrapone
esta evolución con la escasa emigración reciente de españoles nacidos en
España. Entre 2009 y 2026, el número de españoles nacidos en el país y
residentes en el extranjero aumentó en 227.207 personas, una media de apenas
unos 14.000 al año. En el grupo de 20 a 34 años, la banda de edad más típica
para irse a vivir al extranjero, la tasa media anual de emigración neta fue
inferior al 0,2%.
El Observatorio concluye
que el fuerte crecimiento del censo exterior no puede explicarse en absoluto
por nuevas oleadas de emigración española, sino por el aumento de ciudadanos
con nacionalidad española nacidos fuera del país.
3,3 millones de
españoles viven en el extranjero y el 74% no nació en España
La transformación se
aprecia también en la composición de la población española residente en el
extranjero. En agosto de 2026, alrededor de 3,3 millones de ciudadanos españoles
vivían fuera de España, frente a 1,47 millones en 2009. De ellos, aproximadamente
el 74% había nacido
fuera del país.
La diferencia se ha
acentuado especialmente en los últimos años. Entre 2020 y 2026, los españoles
residentes en el extranjero nacidos fuera de España aumentaron en 560.459 personas, mientras que los
nacidos en territorio nacional lo hicieron en apenas 22.951. Esto significa que el 97% del incremento neto registrado durante ese
periodo correspondió a personas nacidas fuera de España.
Según refleja el estudio,
estos datos reflejan un cambio profundo en la naturaleza de la población
española en el exterior y plantean interrogantes sobre la relación entre
nacionalidad, residencia efectiva y participación política.
La «Ley de nietos» y el
alcance de la reparación del exilio
El informe dedica una
parte central al impacto de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y de la
instrucción administrativa que amplió su aplicación a descendientes de
españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 sin necesidad de acreditar
individualmente su condición de exiliados políticos.
Según los datos del
Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos en el estudio, hasta el 31 de mayo
de 2026 se habían presentado 1.225.188 solicitudes de nacionalidad en los consulados, de
las que 571.761 habían sido aprobadas. Si se incluyen también las personas que
solicitaron cita dentro del plazo, pero cuyos expedientes aún no habían podido
tramitarse, el volumen podría llegar a 2,45 millones de solicitudes.
El informe cuestiona la
desproporción entre estas cifras y la dimensión histórica del exilio. Según el
informe, entre 150.000 y 200.000 españoles salieron del país como consecuencia neta de la Guerra
Civil. Esos exiliados representaban entre el 0,6% y el 0,8% de la población
española de 1936-1939. La desproporción
llega al paroxismo en Argentina, con ribetes de fraude potencial masivo, porque allí 2.500 a 3.000 exiliados
por la guerra civil y el franquismo habrían dado lugar a un millón de
solicitudes de nacionalidad como “nietos”.
En contraste, si se
alcanzase el escenario máximo de 2,45 millones de nuevos españoles por esta
vía, su número equivaldría al 6,5% de los españoles que el informe denomina
autóctonos y que actualmente residen en España.
Según se recoge en el
estudio, esta diferencia obliga a preguntarse hasta qué punto la norma mantiene
su finalidad original de reparación a los descendientes del exilio o ha
terminado configurando una vía mucho más amplia de acceso a la nacionalidad.
¿Puede el voto
exterior alterar el resultado del 29-N?
El crecimiento del censo
exterior adquiere especial relevancia ante la celebración de unas elecciones
generales. A este respecto, el informe señala que su capacidad real para
influir en los resultados depende fundamentalmente de la participación
electoral y de si los votantes en el exterior tienen o no un sesgo abrumador a
favor de alguna de las opciones políticas en liza. En los comicios de 2023,
apenas votó el 8,87% de los inscritos en el CERA, frente al 70,35% de los
electores residentes en España.
Si se repitiesen esos
niveles de participación con el censo de agosto de 2026, los votos procedentes
del extranjero representarían alrededor del 0,96% de los sufragios emitidos, y
los correspondientes a los nuevos electores vinculados a la «Ley de nietos»
supondrían aproximadamente el 0,1%. No obstante, el estudio advierte de que una
participación exterior significativamente superior podría resultar decisiva
para la adjudicación de determinados escaños y la formación de mayorías
parlamentarias.
Más allá de su posible
efecto inmediato, este informe sitúa el debate en una cuestión de fondo: quienes
viven fuera de España -y en especial quienes nunca residieron en ella, o bien
no nacieron en España y solo vivieron en ella de forma temporal como
inmigrantes-, y no pagan impuestos en ella, ¿deberían tener igual derecho a participar
en decisiones políticas cuyas consecuencias afectan principalmente a los
ciudadanos que residen en el país? El informe de CEU-CEFAS cree que no, y que
debería endurecerse el acceso a la nacionalidad española a quienes no nacieron
en España de padres españoles y no vivan en ella.