El nuevo informe de CEU CEFAS, Hundimiento
y recuperación de la familia, constata una profunda transformación de los patrones
familiares en España en las últimas cinco décadas. De mantenerse las pautas
actuales de nupcialidad, cerca de la mitad de la población no
llegaría a contraer matrimonio, mientras que, si persistieran las tendencias recientes
de fecundidad, en torno al 40% de las mujeres actualmente en edad
fértil podría finalizar su vida reproductiva sin hijos, frente a menos del 10%
hace cuatro o cinco décadas.
El informe, elaborado
principalmente por Alejandro Macarrón Larumbe, responsable de
Estudios y Análisis Sociales de CEU CEFAS, analiza la evolución de la familia
en España durante los últimos 50 años, a partir sobre todo de estadísticas
oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), complementadas con datos
de organismos internacionales, estudios académicos y estimaciones propias.
El cambio tiene también
consecuencias directas sobre la estructura de los hogares y las necesidades de
vivienda. Según el informe, las actuales pautas de formación y ruptura familiar
hacen necesarias más de tres millones de viviendas
adicionales respecto a las que se necesitarían con los patrones familiares
predominantes hace medio siglo. Si esas viviendas se tradujeran íntegramente en
gasto de alquiler, el informe calcula un desembolso equivalente de entre 21.000
y 30.000 millones de euros anuales, entre el 1,5% y el 2% del PIB, lo que
posiblemente sea una estimación conservadora, por la creciente carestía de la
vivienda.
La fecundidad cae de 2,77 a 1,07 hijos
por mujer
Uno de los cambios más
acusados se observa en la natalidad. La fecundidad de las mujeres nacidas en
España ha pasado de 2,77 hijos por mujer en 1976 a 1,07 en 2024, apenas algo
más de la mitad de los 2,1 necesarios para el relevo generacional. Al mismo tiempo,
los nacimientos de madres nacidas en España han disminuido un 68% entre 1986 y
2024, con descensos iguales o superiores al 80% en provincias como Asturias,
Ourense o Vizcaya.
Casarse, cada vez más tarde, y menos
gente en total
La nupcialidad ha
seguido una evolución igualmente profunda. En 1976, más del 85% de los
españoles estaba casado antes de cumplir los 30 años; actualmente, menos del
15%. Entre 1976 y 2024, además, la edad media al primer matrimonio aumentó 10,6
años entre los hombres y 11 años entre las mujeres, hasta los 37,3 y 35,1 años,
respectivamente. Y hay mucha más gente joven y de mediana edad ahora que no se
casaría nunca (cerca del 50%).
Alejandro Macarrón señala que “la caída de la natalidad no puede analizarse
de manera aislada. Se forma pareja y se contrae matrimonio más tarde, aumenta
la probabilidad de ruptura y se tienen menos hijos. El resultado es una
transformación profunda de las redes familiares que tiene consecuencias sobre
el envejecimiento, la soledad, la vivienda y la capacidad de apoyo entre
generaciones”.
Hasta cuatro millones de jóvenes
afectados por la separación de sus padres
A la caída de la
nupcialidad se suma el aumento de las rupturas. Según las muestras recogidas en
el informe, en torno a la mitad de los matrimonios celebrados en
España termina disolviéndose. Algo más de uno de cada tres se rompe antes de
alcanzar los veinte años de duración, uno de cada cinco durante los primeros
diez años y uno de cada ocho durante los primeros siete.
El estudio estima,
además, que entre 3,5 y 4 millones de niños y jóvenes podrían haberse visto
afectados directamente por la separación de sus progenitores durante las
últimas cuatro décadas, teniendo en cuenta tanto las rupturas matrimoniales
como las de parejas de hecho.
El informe analiza
también sus posibles consecuencias en los ámbitos afectivo, educativo y
económico, especialmente cuando la ruptura se produce con hijos dependientes.
Entre ellas recoge la pérdida de renta disponible que supone mantener dos
hogares, la reducción del tiempo cotidiano de convivencia con alguno de los
progenitores y, en determinados casos, un mayor riesgo de dificultades
emocionales y educativas.
De 660.000 a 5,65 millones de hogares
de una sola persona
La transformación se
refleja finalmente en la propia configuración de los hogares. A finales de 1970
había aproximadamente 660.000 hogares unipersonales en España, que
representaban el 7,5% del total. En abril de 2026 se aproximaban ya a los 5,65
millones, el 28,5% de todos los hogares y el 11,5% de la población residente.
En paralelo, el tamaño
medio del hogar ha pasado de 3,9 personas en 1970 a 2,5 en la actualidad. Hace
medio siglo, el 73% de la población convivía con otras tres personas o más; hoy
ese porcentaje se ha reducido al 42%.
El informe también
estima que alrededor del 18% de los niños de las nuevas generaciones serían
hijos únicos, y tendrían de media menos de 0,9 hermanos. En contraste, los
niños españoles en las décadas de 1960 y 1970 tenían algo más de dos hermanos
de media, y muchos menos que ahora eran hijos únicos.
Recuperar la formación de familias
casadas y su estabilidad
A partir de este
diagnóstico, el informe considera que la caída de la
nupcialidad, el aumento de las rupturas y el descenso de la fecundidad no son fenómenos
independientes, sino procesos estrechamente relacionados que repercuten en el envejecimiento demográfico, la pérdida de población
española autóctona, un enorme daño a los afectados por los divorcios -y en especial a los
hijos menores-, la soledad residencial, las redes de
solidaridad intergeneracional, la demanda de vivienda y la sostenibilidad de
los sistemas de protección social.
Por ello, el estudio
plantea la importancia vital para la sociedad española de que aumenten las tasas de nupcialidad y de fecundidad, y disminuyan las de ruptura familiar. Con estos fines, propone diversas líneas de actuación
dirigidas a favorecer la formación de familias y reducir su inestabilidad.
Entre ellas, hacer pedagogía sobre el valor del matrimonio y los daños del
divorcio, un tratamiento fiscal más favorable a los matrimonios con hijos, medidas específicas de acceso a la primera
vivienda para los jóvenes que contraigan matrimonio, y reformas en la
legislación de divorcio orientadas a dificultar / aplazar las
rupturas familiares cuando existan hijos menores, con una causa
justificada grave para la concesión del divorcio, y medidas para disuadir de
que se solicite y para reducir sus daños en caso de producirse.