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El socio de `Uría y Menéndez´ Emilio Díaz cree que la situación concursal ofrece una buena oportunidad para las operaciones de capital-riesgo
19/12/2012
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El hecho de que una empresa esté incursa en un trámite de concurso de acreedores no debería desanimar la inversión en ella a través del capital-riesgo. Así lo ha afirmado el socio de Uría y Menéndez y profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Díaz, durante su intervención en la Jornada ‘Capital-riesgo: un instrumento para coordinar los intereses del inversor y de la empresa’, organizada por la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo, en colaboración con ASCRI, la revista Capital Riesgo y Thomson Reuters Aranzadi

 


“El concurso tiene sus inconvenientes”, ha concedido Díaz, pero supone una “oportunidad”. Dicha ocasión consistiría en poder comprar, si no una empresa entera, sí una unidad económica “con la financiación a cuestas”.

 


Díaz ha recordado que muchas de las entidades sometidas a concurso son empresas en situación de dificultad por motivos financieros. “Esto hace que su valor baje y, sin embargo, son empresas con futuro. Con financiación y un apoyo a la gestión se puede enderezar su rumbo empresarial”. En definitiva, sería bueno cuestionar la sospecha de poca fiabilidad que indiscriminadamente pesa sobre las empresas en concurso. “El estigma del concurso es malo”, ha aseverado.

 


En el curso de su intervención Díaz ha hecho una valoración de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa, cuya trasposición está prevista para julio de 2013. La opinión que ha manifestado sobre la misma no es muy positiva. Desde su punto de vista, esta regulación “pondrá más trabas a la gestión del capital-riesgo”. La razón es que esta norma comunitaria “equipara las estructuras del capital-riesgo a las de la inversión libre”, lo que, en el fondo, “resulta más restrictivo”. Asimismo la directiva obligará a los gestores de capital-riesgo cuando adquieran el control de la sociedad a hacer una serie de notificaciones sobre el objetivo de la inversión y  los planes de viabilidad. Asimismo, esta regulación establece otra serie de obligaciones informativas para con la entidad supervisora del país de origen, cuestión en la que la directiva “no ha estado muy acertada”, según Díaz.

 


La jornada había sido previamente inaugurada por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Amparo Lozano, y por el director de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Martínez-Echevarría. Este último ha señalado que las operaciones de capital-riesgo suponen una “alternativa interesantísimas para las PYMES”.
 


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