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La Defensora del Pueblo manifiesta la prioridad de “ayudar” a los inmigrantes irregulares que son víctimas de redes ilegales
02/04/2014
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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, cree que, dentro de la inmigración irregular, se deben y se pueden distinguir las circunstancias personales, de forma que se atienda a la realidad de aquéllos que se han visto atrapados en una red de trata de seres humanos. Estas personas no están solamente cometiendo un delito, sino que “también son víctimas”, por lo que hay que “ayudarlas”, ha expresado Becerril durante un encuentro que ha mantenido con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

 

Estas redes “sitúan a los inmigrantes a la entrada de un país”. Algo que sucede no sólo en los límites fronterizos estrictamente físicos, sino también, y mayoritariamente, en los aeropuertos. “Llama la atención la situación de la valla de Melilla, pero la mayoría entra por los aeropuertos”.

 

La lucha contra estas redes de explotación de seres humanos es una de las prioridades que se marca como Defensora del Pueblo y que ha destacado en su exposición. El problema que plantea la trata personas se ha agravado, a su juicio, con respecto a hace veinte años, debido a que las posibilidades tecnológicas actuales permiten “una fácil comunicación entre países, lo que también facilita inducir a estas personas a desplazarse”

 

Asimismo, otro de los objetivos que se propone la institución que encarna es el de promover la agilización de la Justicia. A su parecer, hay “retrasos” que evidencian la necesidad de “cambiar” la Administración de Justicia. En este punto, ha citado el caso de una familia envuelta en un proceso de declaración de discapacidad de un menor y a la que han citado para 2016. “Esto hay que cambiarlo”, ha declarado.

 

Asimismo Becerril ha recapitulado algunos de los asuntos de interés general que han reclamado su actuación por medio de recomendaciones. En este sentido, ha calificado de “aceptable” el resultado de las medidas adoptadas para paliar la situación de los afectados por la venta de ‘Participaciones Preferentes’. “El arbitraje ha dado respuesta, aunque siempre rebajando las cuantías, y está por ver cómo irá la vía judicial”.

 

También ha aludido a su intención de comprobar en qué medida las administraciones públicas han sacado a alquiler las viviendas de su titularidad, tal como ella propuso,  y ha hecho una reflexión sobre la naturaleza de la institución del ‘Defensor del Pueblo’. “Esta institución no es un buzón de correos, tiene que influir. Tiene que tener capacidad de hacer que las administraciones se corrijan”


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